La Gran Scala, el megaproyecto que incluía 32 casinos, 70 hoteles y cinco parques tematicos, que pretendía cambiar el desierto aragonés en “Las Vegas” de España, cumplió un año desde su presentación, sin que los promotores, el grupo International Leisure Development, disponga de los terrenos necesarios ni los requisitos financieros, exigidos por el Gobierno de Aragon.

El 12 de diciembre de 2007, consejores de ILD, representantes de los ministerios de Economía e Industria y miembros del Gobierno de Aragon, celebraron una cena donde firmaron el acuerdo definitivo. La cuenta por cierto, corrió a cargo de todos los aragoneses. El grupo ILD se comprometía a “construir y gestionar el proyecto”, con la construcción de casinos mientras que el gobierno aragonés se encargaría de asesorar en la “definición y localización de los terrenos”, “facilitar la gestión de los recursos energéticos”, “impulsar la ejecución de las infraestructuras” y “adecuar la normativa administrativa aplicable a los requirimientos del proyecto”. Este último punto desató la polémica y miembros de la oposición, con la creación de la plataforma Stop Gran Scala, denunciaron que el gobierno autonómico estaba dispuesto a adecuar la ley a los requisitos del proyecto.

En definitiva lo que queda claro es que no hay nada claro en lo que pueda pasar en España y este proyecto Gran Scala.